El Gobierno de Paraguay condena el otorgamiento indebido del
estatuto de refugiados a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán en la
República Oriental del Uruguay, así como las facilidades otorgadas a los mismos
para asegurar su huida a Finlandia, a fin de evitarles responder ante la
justicia.
Los señores Arrom, Martí y Colmán son prófugos de la
justicia paraguaya desde el año 2003, procesados por la comisión de crímenes de
secuestro extorsivo, asociación criminal, privación arbitraria de libertad y
daño a la integridad física y moral.
Asimismo, el Paraguay rechaza enérgicamente el tratamiento
dispensado por el Gobierno de la República de Finlandia a los mencionados
prófugos de la justicia y las gestiones que dicho país realizara ante el Alto
Comisionado de las Naciones para los Refugiados (ACNUR) para el otorgamiento de
documentos de viaje especiales que hicieron posible, una vez más, burlar y
obstruir la justicia.
El uso indebido del status de refugiados para proteger a
presuntos criminales comunes es digno de absoluto repudio.
Estos lamentables hechos merman la confianza en la
cooperación que debe primar en las relaciones bilaterales para perseguir el
crimen y en los organismos internacionales concebidas para proteger los
derechos humanos, El sistema multilateral no debería utilizado para trabar la persecución
de crímenes comunes y que se haga justicia.
El gobierno paraguayo lamenta la falta de cooperación de las
autoridades uruguayas en la persecución del crimen transnacional, más aún tras
la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través
de la cual quedó patente que Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán no son
perseguidos políticos ni víctimas de abusos o violaciones de derechos humanos
por parte del Estado paraguayo.
Uruguay, como Estado Parte del Pacto de San José de Costa
Rica, reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y
por ende, debería haber tenido en cuenta los hallazgos de dicho Tribunal que
demuestran fehacientemente que en este caso no hubo persecución política alguna
ni razón que haga presumir que los derechos humanos de los citados prófugos de
la justicia paraguaya estén en peligro de ser conculcados.
El levantamiento de los códigos rojos por parte de INTERPOL,
pese a las insistencias en contrario por parte de los agentes de la justicia
paraguaya y las gestiones diplomáticas desplegadas, no se encuadra en la lógica
ni en la razón. Este hecho actúa en desmedro de la credibilidad de la INTERPOL,
haciendo dudar de su capacidad efectiva de perseguir el crimen organizado, y de
los intereses a los que responde.
La figura del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) fue creada con la finalidad de otorgar protección a
personas cuya integridad y derechos están en peligro, entre ellos, los
perseguidos por causas políticos y no los procesados por crímenes comunes
tipificados en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos del mundo,
incluídos los de Paraguay, Uruguay y Finlandia.
El Alto Comisionado se ha extralimitado en el ejercicio de
su competencia, actuando con arbitrariedad, privilegiando la impunidad y
lesionando la reputación de la Organización de las Naciones Unidas.
Ante estos hechos, el Gobierno de la República del Paraguay
ha decidido adoptar las siguientes medidas:
1- Convocar al Embajador del Uruguay en el Paraguay a
efectos de que brinde explicaciones por la conducta adoptada por su Gobierno.
2- Llamar a consultas al Embajador del Paraguay ante
Uruguay, en protesta por las decisiones del Gobierno uruguayo en el caso.
3- Presentar la protesta diplomática respectiva ante el Gobierno
de Finlandia, sin perjuicio de gestionar la extradición de Juan Arrom, Anuncio
Martí y Víctor Colmán al Paraguay.
4- Formalizar protestas ante el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Secretario General de las Naciones
Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, y
todos los altos órganos internacionales pertinentes.
5- Presentar protesta ante los distintos órganos de la Unión
Europea por el dispensamiento facilitado por Finlandia a los mencionados
prófugos de la justicia paraguaya.