El Gobierno de Paraguay condena el otorgamiento indebido del estatuto de refugiados a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán en la República Oriental del Uruguay, así como las facilidades otorgadas a los mismos para asegurar su huida a Finlandia, a fin de evitarles responder ante la justicia.

Los señores Arrom, Martí y Colmán son prófugos de la justicia paraguaya desde el año 2003, procesados por la comisión de crímenes de secuestro extorsivo, asociación criminal, privación arbitraria de libertad y daño a la integridad física y moral.

Asimismo, el Paraguay rechaza enérgicamente el tratamiento dispensado por el Gobierno de la República de Finlandia a los mencionados prófugos de la justicia y las gestiones que dicho país realizara ante el Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados (ACNUR) para el otorgamiento de documentos de viaje especiales que hicieron posible, una vez más, burlar y obstruir la justicia.

El uso indebido del status de refugiados para proteger a presuntos criminales comunes es digno de absoluto repudio.

Estos lamentables hechos merman la confianza en la cooperación que debe primar en las relaciones bilaterales para perseguir el crimen y en los organismos internacionales concebidas para proteger los derechos humanos, El sistema multilateral no debería utilizado para trabar la persecución de crímenes comunes y que se haga justicia.

El gobierno paraguayo lamenta la falta de cooperación de las autoridades uruguayas en la persecución del crimen transnacional, más aún tras la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la cual quedó patente que Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán no son perseguidos políticos ni víctimas de abusos o violaciones de derechos humanos por parte del Estado paraguayo.

Uruguay, como Estado Parte del Pacto de San José de Costa Rica, reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por ende, debería haber tenido en cuenta los hallazgos de dicho Tribunal que demuestran fehacientemente que en este caso no hubo persecución política alguna ni razón que haga presumir que los derechos humanos de los citados prófugos de la justicia paraguaya estén en peligro de ser conculcados.

El levantamiento de los códigos rojos por parte de INTERPOL, pese a las insistencias en contrario por parte de los agentes de la justicia paraguaya y las gestiones diplomáticas desplegadas, no se encuadra en la lógica ni en la razón. Este hecho actúa en desmedro de la credibilidad de la INTERPOL, haciendo dudar de su capacidad efectiva de perseguir el crimen organizado, y de los intereses a los que responde.

La figura del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fue creada con la finalidad de otorgar protección a personas cuya integridad y derechos están en peligro, entre ellos, los perseguidos por causas políticos y no los procesados por crímenes comunes tipificados en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos del mundo, incluídos los de Paraguay, Uruguay y Finlandia.

El Alto Comisionado se ha extralimitado en el ejercicio de su competencia, actuando con arbitrariedad, privilegiando la impunidad y lesionando la reputación de la Organización de las Naciones Unidas.

Ante estos hechos, el Gobierno de la República del Paraguay ha decidido adoptar las siguientes medidas:

1- Convocar al Embajador del Uruguay en el Paraguay a efectos de que brinde explicaciones por la conducta adoptada por su Gobierno.

2- Llamar a consultas al Embajador del Paraguay ante Uruguay, en protesta por las decisiones del Gobierno uruguayo en el caso.

3- Presentar la protesta diplomática respectiva ante el Gobierno de Finlandia, sin perjuicio de gestionar la extradición de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán al Paraguay.

4- Formalizar protestas ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Secretario General de las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, y todos los altos órganos internacionales pertinentes.

5- Presentar protesta ante los distintos órganos de la Unión Europea por el dispensamiento facilitado por Finlandia a los mencionados prófugos de la justicia paraguaya.