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Acción del Colegio de Contadores fue rechazada por la Corte

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La sala de la Corte Suprema de Justicia, rechazó la acción de inconstitucionalidad promovida por el abogado Jhonny Emilio Rojas Lugo, en representación del Colegio de Contadores del Paraguay.

A través de la Resolución General N° 29 del 25 de junio de 2014 “Por la cual se reglamenta el artículo 33 de la Ley N° 2421/04 “De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal”, se derogan la Resolución General N° 20/08 y sus modificaciones y se establecen nuevos requisitos para la habilitación y control de los auditores externos impositivos” y sus modificaciones (Resoluciones Generales N° 32, 35 y 36) dictadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET ) del Ministerio de Hacienda.

La parte recurrente alegó en su presentación que las Resoluciones dictadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) limitan la capacidad y el derecho de los Contadores Públicos y/o Licenciados en Ciencias Contables a prestar servicios de auditoría impositiva, exigiendo ciertos requisitos académicos y estableciendo calificaciones fuera de la facultad reglamentaria otorgada a la SET, lo que a su criterio trasgrede los principios constitucionales previstos en los artículos 9 (De la libertad), 46 (De la igualdad), 86 (Del derecho del trabajo), 107 (De la libertad de concurrencia) y 137 (De la supremacía) de la Constitución Nacional.

A criterio de ministros de la Sala Constitucional, y del análisis del artículo 33 de la Ley N° 2421/04, la SET está facultada “legalmente” a reglamentar todo lo concerniente a la Auditoría Externa Impositiva a la que dicha ley obliga a los contribuyentes con una facturación anual igual o superior a los G 6.000.000.000 (seis mil millones de Guaraníes).

Por otro lado, también se debe mencionar que el sistema de puntajes y calificación que cuestionan los accionantes se encuentra previsto hace tiempo en otras disposiciones normativas que regulan lo atinente a las “Auditorías Externas” de instituciones como el Incoop (Resolución N° 499/04-Capítulo 9, Comisión Nacional de Valores (Res. CNV N° 823/04), Superintendencia de Seguros (Resolución SS.SG N° 241/04), Superintendencia de Bancos (Resolución SB.SG. N° 313/01), etc., donde también se contemplan escalas y6 calificaciones para los Auditores Externos de acuerdo a la experiencia y nivel de preparación de cada uno de ellos, situación que bajo ningún sentido puede ser considerada como “inconstitucional”, ya que se busca un nivel de excelencia académica. Además, la asignación de mayor puntaje a mayor formación y experiencia, es perfectamente coherente con la exigencia de especialización establecida en el artículo 33 de la Ley N° 2421/04.

La Resolución General N° 29/14 no limita ni coarta la libertad de trabajo de los contadores públicos, licenciados en ciencias contables y de administración de empresas, ya que los mismos pueden perfectamente ejercer su profesión e inclusive realizar Auditorías Externas Impositivas a contribuyentes no obligados por el artículo 33 de la Ley N° 2421/04 y también las auditorías Externas de los diferentes órganos de control ya citados.

Por todo lo expresado, los ministros concluyen que la Resolución General N° 29 y sus modificaciones no atenta contra los derechos a la igualdad, la libertad y al trabajo ni de la libre concurrencia consagrados en la Constitución Nacional, ya que la norma reglamentada requiere de una especialización en el ramo de la Auditoría Externa Impositiva para realizar la delicada labor y la SET, al reglamentar la referida Auditoría Impositiva, no hizo más que dar fiel cumplimiento al mandato legal, por lo que resolvieron rechazar la acción promovida.

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Concejales lambareños no pudieron sesionar para tratar intervención

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La sesión extraordinaria de la Junta Municipal debía realizarse a las 15 horas para tratar como único punto del orden del día el pedido de intervención a la administración del intendente Armando Gómez.

Los ediles no pudieron ingresar a la sede comunal, pues adherentes del cuestionado intendente les impidieron la entrada.

Ante esa situación los ediles se trasladaron a la Comisaría cuarta que está frente a la Municipalidad para poder sesionar. Sin embargo, el titular de la Comisaría mencionada decidió levantar la sesión que apenas se iniciaba.

Cabe recordar que el pedido de intervención tiene como base denuncias de irregularidades en la administración de Gómez, concretamente  una deuda de casi G. 16 mil  millones de guaraníes  con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal

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Gritó “vende patria” a Abdo y fue detenido por la policía

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En Ciudad del Este, unos policías esposaron a un sujeto que le gritó al de jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, mientras que este último se encontraba en un acto de inauguración. Por lo que se percibe, un mismísimo agente policial fue quien captó el momento con su cámara.

“Presidente Marito, vende patria, vende patria”, manifestó a los gritos el hombre, quien fue identificado como Ovidio Javier Leguizamón. “Sos un vende patria, quisiste vender Itaipu, vende patria que anda”, reiteró Ovidio hasta que luego se alejó.

El audiovisual demuestra cómo al principio, los uniformados solamente tratan de que Leguizamón tome distancia. No obstante, uno de los oficiales pide las esposas para retenerlo, aún cuando el aprehendido no contaba con ningún arma y, posteriormente, el video se corta. Este material recorrió las redes sociales y muchos criticaron la actuación de los agentes, recordando la libertad de expresión.

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Fue condenado por producir cannabis medicinal y esto es lo que piensa del fallo

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Edgar García Sacoman, quien fue condenado a cinco años de prisión por parte de un tribunal, por producir aceite de cannabis en forma natural, calificó el fallo como terrorismo de estado y dijo que la decisión de los jueces es una verdadera aberración jurídica; además, añadió que se sintió perseguido desde un principio por el Ministerio Público.

Recordó que existe una ley que reconoce el cannabis como medicina, pero a él lo condenaron.   Se preguntó en manos de quien está la justicia. Denunció que desde un principio el juicio fue irregular y descabellado, pues no le  dieron ningún derecho a la defensa.

Garcia Sacoman ya purgó tres años  y los dos restantes los deberá completar en prisión domiciliaria.

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